Hoy en día muchos son los que nos hacemos esta pregunta, ¿por qué? La respuesta a nuestro entender es una más de las consecuencias de la crisis económica. Hasta ahora, la CID ha sido dirigida y realizada en su mayoría por los Estados, sobre todo los desarrollados, en su mayoría englobados en la OMC. La crisis económica ha recortado las posibilidades económicas de los Estados para llevar políticas de Cooperación y como en casi todos los sectores (educativos, sanitarios…) siempre que el Estado carece de medios para garantizar algún servicio se recurre a otro medio.
En el caso de EE.UU aún siendo el país que más dinero aporta mundialmente a la Cooperación, existe un sistema podríamos decir “democrático” de asignación de beneficios de las grandes empresas a la CID mediante la selección de prioridades por los consumidores que aplican a uno u otro país en los que creen que la ayuda es más exigente. A su vez el Estado norteamericano disminuye la cantidad impositiva para estas empresas y de paso se contribuye más a temas de Cooperación, aunque hay que tener en cuenta que los informes anuales de Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) que genera el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) o cualquier otra institución internacional sólo incluye los gastos derivados de la Hacienda Pública del país (y no sólo ayuda directa sino condenaciones de deuda, programas de apoyo financiero, y hasta hace poco incluso los gastos de defensa).
España ya incluyó en el Plan Director de la Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo (AECID), un punto donde consideraba a la empresa como agente de la CID. Fue muy criticado por sectores activistas, sobre todo de ONGs por subvencionar a determinadas multinacionales de dudoso comportamiento proyectos de Cooperación. Las ONGs han sido siempre las mayores beneficiarias de los proyectos subvencionados por la AECID y el recorte actual de medios económicos las está llevando a procesos duros de reestructuración, a la vez que hay un debate abierto acerca de su papel dentro de la CID y de cómo buscar financiación y llevar a cabo los proyectos.

La concusión primera de este debate está claramente determinada por una obviedad: no se puede entender la Cooperación Internacional al Desarrollo sin el papel de la empresa y de hecho ya lo están haciendo. Todo esto mantiene también una profunda relación con la concepción estratégica de la empresa y las últimas corrientes ideológicas y exigencias sociales, nos estamos refiriendo a las políticas empresariales de Responsabilidad Social Corporativa o Empresarial (RSC). Escuché hace poco a un directivo de una empresa del IBEX en el Instituto de Empresa (IE) decir que “no se entiende hoy día una empresa de éxito que no trabaje el tema de la RSC”. Y es cierto. Así lo entienden las grandes y medianas entidades corporativas de toda Europa, la Unión Europea con recomendaciones al respecto, los círculos macroeconómicos y financieros, los agentes académicos y la propia sociedad.
Es el gran reto empresarial del siglo XXI. De esta crisis se prevé que salga muy favorecida la conciencia colectiva y sobre todo una exigencia de comportamiento responsable por parte del sector empresarial, enfocado quizás más en lo relativo a la transparencia en todos sus sentidos que al respeto medioambiental. Sin embargo la sostenibilidad de nuestro planeta depende de todos y cuanta más capacidad de acción se tenga mayor debe ser la responsabilidad con el entorno. Prueba de ello es esta moda de la “RSC” que impregna todos los sectores económicos, sociales y políticos, donde se cruzan multitud de intereses (todo lo relativo al marketing, las relaciones con los stakeholders y shareholders, y la forma de implementación en la estrategia empresarial. Por tanto queda mucho por hacer pues se puede afirmar sin ningún ánimo de duda que el proceso está en marcha y no tiene vuelta atrás y de ello dependemos no sólo nosotros sino nuestras futuras generaciones y la vida, la dignidad y el respeto por los Derechos Humanos de miles de millones de personas.
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